La Inteligencia Artificial aplicada al Derecho Penitenciario

No cabe duda de que hablar de Inteligencia Artificial (IA) es hablar de la conversión de los datos en conocimiento y, por lo tanto, de avance y de futuro en los distintos campos donde la aplicación en el mundo jurídico es ya una realidad. Su utilización va ganando terreno en el campo del Derecho, y es ya una realidad en el área penitenciaria y penal gracias al esfuerzo en inversión tecnológica realizada por e-Libertas. Con esta nueva tecnología y una compleja formulación de los algoritmos, podremos llegar a saber si un interno está capacitado para hacer un buen uso del régimen de semilibertad, del disfrute de un permiso penitenciario o de una libertad condicional, teniendo en cuenta todos los fines de la pena.

Permisos de salida

Poniendo como ejemplo el estudio sobre los permisos de salida, la TVR (Tabla de Variables de Riesgo) que aplica la Administración penitenciaria fue el punto de partida de la aplicación de la IA en este campo, a través de la Instrucción 22/1996 de 16 de diciembre, dictada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y actualizada por la Instrucción 1/2012, de 2 de abril (sin apenas cambios en 27 años sobre la TVR), en materia de “Gestión Penitenciaria de Permisos y Salidas Programadas”.

En este caso, los algoritmos empleados que sirven de valoración predictiva resultan opacos de cara al interno y a su representación procesal, poniendo en duda el carácter garantista de nuestro sistema en alguno de los casos, como bien podría ser que a un interno se le establezca por parte de la Junta de Tratamiento la variable “falta de garantías de hacer un buen uso de permiso” cuando el interno ha disfrutado de anteriores permisos sin incidencias (dictados por un juzgado de vigilancia penitenciaria, Audiencia Provincial o Nacional); o la variable de que por ser extranjero existe un mayor riesgo de quebrantar.

 

Está claro que el modelo no sirve porque la Administración aplica unos algoritmos que se asientan en aspectos más de política criminal que del fin con el que se creó la institución, que no es otra que la de favorecer la reinserción de aquellos que incumplieron las normas en el pasado.

Por otro lado, es importante para la utilización de la IA en el campo penitenciario, que pueda auxiliar al letrado a la hora de la elaboración de cualquiera de los recursos establecidos en el procedimiento, disponer de datos fiables y transparentes que puedan también ayudar al órgano judicial a tomar una decisión motivada.

La nueva IA

E-Libertas ha diseñado una herramienta alimentada por información real del interno a la que se incorporan datos penales, penitenciarios, de ámbito familiar y de tratamiento que, en base a los motivos de denegación por ejemplo de un permiso, selecciona en escasos segundos una jurisprudencia selectiva de las Audiencias Provinciales o Audiencia Nacional, y criterios seguidos por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y sus resoluciones en función de la provincia en el que se encuentre el interno. Con esto, y utilizando la IA y el Blockchain, podremos mejorar la predicción auxiliando al Juez en la toma de decisiones con criterios serios y objetivos.

La IA llega al campo penitenciario también para unificar a todas las partes actoras en este modelo de intervención y concluir que pueden existir elementos de riesgo en la toma de decisiones, pero son perfectamente asumibles sin alejarse de los fines de la propia pena, y compatibles con los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados, incluyendo la protección de datos, la protección de la privacidad y la no discriminación.

Son ya muchos los años, concretamente 43, los que llevamos con la LOGP 1/1979. Es necesaria una nueva Ley que se enmarque y se adapte, no solo a la sociedad del Siglo XXI, sino también al futuro Reglamento (UE) 2021/0106 del Parlamento Europeo y del Consejo en el que se establecen normas armonizadas en materia de IA. Solo así nuestro sistema penitenciario estará acorde con los valores y los derechos fundamentales que inspira nuestra carta magna, las normas comunitarias, y los tratados y convenios internacionales.